Uno de los asuntos clave abordados por el presidente de OSUR, Ramón Tamames, en el libro Remunicipalización: ¿Ciudades sin futuro? es el concepto “concesión”, un término que se basa en el contrato entre la Administración y un particular mediante el cual se le reconoce el derecho a ejercitar una actividad de servicio público, según el autor de dicha obra.
Tamames pone de manifiesto en el capítulo Externalización de los servicios públicos versus remunicipalización las ventajas de la “concesibilidad” en la prestación de los servicios públicos, uno de los modelos más frecuentes en nuestras ciudades. Por un lado, sostiene que, “la Administración no aparece como el gestor directo, con lo que se puede conseguir gestores más eficientes que lo esperable de la Administración pública directa”.
Y, por otro lado, depende de cada caso, la Administración puede retirar la concesión, con o sin indemnizaciones según los casos. “De este modo la gestión puede pasar a entidades más capaces con mejor resultado para los ciudadanos”, reitera el doctor en Derecho, en caso de producirse una gestión fraudulenta del servicio.
La llegada al poder de nuevos gobiernos municipales tras las elecciones de mayo de 2015 ha hecho resurgir el debate sobre si servicios públicos como la recogida de basuras, agua, limpieza, transporte deberían ser gestionados directamente por el propio ayuntamiento. Actualmente ciudades como A Coruña, Santiago, Cádiz, Zaragoza, Barcelona u Oviedo se encuentran inmersas en pleno proceso de remunicipalización de algunos servicios.
En este contexto, el presidente de AESP (Asociación por la Excelencia de los Servicios Públicos) defiende que para modificar los contratos de las concesiones de las prestaciones municipales no es suficiente apelar al interés general, sino que deben existir causas justificadas, según recoge la normativa europea.
¿Cuál es el mejor modelo a la hora de gestionar un servicio público?
Expertos de diferentes ámbitos -administrativos, judiciales, municipales y penales- revelan que el debate sobre la remunicipalización está “ideologizado en exceso” y piden que se analice “caso por caso” y con la calidad como objetivo.
Los autores aclaran que no se puede decir que “lo público es mejor o lo privado es mejor”, sino que siempre se ha de priorizar la calidad del servicio.
Por lo tanto, los contratos de las concesiones, al igual que los servicios prestados a través de gestión directa tendrán siempre que estar sujetos a la premisa de la calidad y eficiencia a favor de los ciudadanos.