Hace unos días hemos conocido la noticia de que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha resuelto el concurso para adjudicar el contrato de limpieza viaria, recogida y transporte de residuos para los próximos ocho años por 17,8 millones de euros anuales, lo que supone un importe total de 142,4 millones, cuyo objetivo, en palabras del teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, es que Santa Cruz «sea una ciudad más limpia».

El primer paso para resolver un problema es identificarlo. Y parece que acierta el concejal. En el último Barómetro OSUR, de 2018, cuyos resultados están ampliamente recogidos en esta web, la limpieza viaria era el servicio peor valorado en esta ciudad, con solo un 41% de ciudadanos satisfechos. Y en el anterior Barómetro, el de 2017, los resultados eran peores, un 40%. Pero el servicio quedaba el segundo por la cola, solo por delante del cuidado de parques y jardines.

Por lo tanto, la percepción ciudadana era, y es, de una ciudad sucia y con mucho recorrido para la mejora en este aspecto. Por eso creo que es acertada la decisión del Ayuntamiento, presidido desde 2011 por José Manuel Bermúdez, de Coalición Canaria, de tomar cartas en el asunto. Se le atribuye a Einstein esa frase que dice que si sigues haciendo lo mismo no debes esperar resultados distintos. Pues en este caso, el Ayuntamiento ha decido cambiar las cosas para ver si los resultados mejoran y eso ya es, de entrada, un acierto.

Por lo tanto, el Ayuntamiento puso en marcha hace varios meses un concurso que se ha alargado más de la cuenta por distintas causas. La principal es que ante una solicitud de nulidad hubo que esperar al pronunciamiento de los tribunales, que finalmente fallaron a favor de la legalidad y corrección del proceso.

La licitación del servicio, uno de los contratos “más importantes para la ciudad al ser uno de los servicios municipales que se ve en la calle a diario”, según palabras del alcalde, se hizo mediante un pliego en el que se refleja la intención de mejorar la limpieza en Santa Cruz, su intensidad, así como los medios materiales y tecnológicos. También la de concienciar a la población de que la mejor manera de que el municipio esté más limpio es también ensuciando menos.

Otro de los aciertos del Ayuntamiento es, a mi entender, que se han valorado las mejoras que las empresas han introducido al pliego y que la intención no era la de ahorrar dinero, sino la de mejorar el servicio. E incorporar la recogida diferenciada de residuos orgánicos de origen doméstico. En la puntuación, el precio ofertado solo suponía un 30% y se primaban los factores técnicos y otras variables como ser más eficientes, menos contaminantes y causar menos molestias a los ciudadanos.

También se contemplaron aspectos como la garantía de la subrogación de todos los trabajadores o la renovación de la flota. Se han incorporado también supuestos de flexibilidad y adaptación constante a las necesidades de la ciudad, un punto importante ya que en una ciudad con afluencia de turismo es imprescindible prever limpiezas extraordinarias, también para fiestas, ferias, exposiciones, campañas electorales o manifestaciones.

Y otro aspecto del pliego que me parece muy acertado y poco frecuente es que se recoge la posibilidad de primar al contratista si el servicio se presta con estándares de calidad superiores a los comprometidos, y por supuesto, también reducciones si no se cumple a cien por cien con los indicadores comprometidos.

Bueno, pues tras analizar las ofertas, el Ayuntamiento pidió, además, de forma absolutamente transparente, el asesoramiento de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Gobierno de Canarias, para una mayor seguridad jurídica, dado que se trata de un contrato importante y con una elevada dotación económica, de unos 20 millones por año.

Finalmente, la empresa elegida ha sido Valoriza, la filial de servicios del grupo Sacyr, con 17,8 millones de euros anuales durante 8 años, lo que supone, como ya he dicho, un importe total de 142,4 millones. Pero lo importante es que, en todo este proceso, al menos al parecer, se reúnen todos los elementos para que finalmente se consiga el objetivo que deben perseguir este tipo de contratos y que no es otro que el de conseguir una mejora sustancial del servicio que se presta a los ciudadanos.

El Ayuntamiento ha elegido cambiar el contrato del servicio que peor funciona, ha elaborado unos pliegos en los que no se prima la oferta económica sino los criterios técnicos y medioambientales, se introducen cláusulas que permitirán una correcta fiscalización de la prestación del servicio y su calidad, se estimula a la empresa a ir más allá y se ha tenido en cuenta la necesidad de que el servicio sea flexible e incorpore la recogida selectiva. Y a la hora de decidir, el Ayuntamiento se ha dejado asesorar por el Gobierno de Canarias y lo ha hecho siguiendo criterios técnicos y no como si fuera una simple subasta.

Todo ello sin olvidar que la nueva empresa asumirá los contratos del personal que hasta ahora prestaba el servicio y les mantendrá sus condiciones laborales y derechos adquiridos. Espero no equivocarme, pero parece que Santa Cruz de Tenerife ha puesto en juego todas las palancas que le pueden permitir mejorar un servicio que funcionaba mal. Veremos en próximos Barómetros si la opinión de los ciudadanos le da la razón a su alcalde desde 2011, que ahora parece dispuesto a mejorar lo que funciona mal.

Diego Jalón