En este articulo la autora reclama una estrategia para el agua, una estructura de costes y tarifas clara y transparente que refleje el valor real del precio del agua y que asegure su gestión sostenible a largo plazo, garantizando a la vez el acceso a la población económicamente vulnerable. Es de extrema necesidad actualizar e invertir en el complejo patrimonio hídrico que tenemos, es la mejor manera de garantizar el derecho real y material al agua y el saneamiento a las próximas generaciones.
El Economista 2-11-2023
Sin agua, bien estratégico donde los haya, no hay salud ni alimentación ni sostenibilidad ambiental ni desarrollo frente a la pobreza, por lo que resulta imprescindible que este bien esencial sea prioritario para nuestros gobernantes, y más cuando un 70 por ciento de nuestro territorio sufre estrés hídrico que debería ser paliado con inversión en infraestructuras y con la incorporación de nuevas tecnologías para una gestión más eficaz y eficiente.
Es obvio que para cubrir las necesidades de inversión necesitamos recursos, y a nadie se le escapa que la tarifa desde la llegada de gobiernos populistas a los ayuntamientos, quedó prácticamente congelada en muchos municipios en los que, en el mejor de los casos, apenas cubre los gastos operativos del servicio, pero no permite el correcto mantenimiento y renovación de las infraestructuras. Son muchos ayuntamientos en los que no se ha subido la tarifa desde 2015, excepto para incorporar nuevos impuestos o tasas, o aumentar las existentes. Esta contraproducente medida ha provocado un efecto perverso; por un lado, el deterioro y descapitalización de las redes de abastecimiento y saneamiento, y por otro, la contaminación de otros ayuntamientos, que creyendo necesaria la actualización tarifaria para mantener la calidad del servicio, no lo han hecho a lo largo de estos años para no sufrir la presión populista y evitar comparaciones con otros municipios. En la práctica, lo que se han encontrado los nuevos equipos de gobierno llegados a esos ayuntamientos, han sido importantes déficits económicos y de mantenimiento. Así, las subidas en Sevilla o Barcelona de los últimos nueve años, se ven concentradas en uno solo, con el riesgo de que, en el caso de no implementarse, el deterioro físico y económico del servicio será cada vez más grave y de solución más costosa.
En este sentido y según datos del estudio “Necesidades de inversión en renovación de las infraestructuras del ciclo urbano del agua en España” de AEAS, la media anual de inversión real no alcanza el 50% de lo necesario. El agua urbana necesita una inversión anual de 2.500 M€ adicionales, hasta alcanzar los 4.900 M€/año, para garantizar la calidad, la sostenibilidad de los servicios y afrontar retos futuros. Esto supone 53 euros anuales “per cápita”, adicionales. Este déficit de inversión se hace más evidente en el saneamiento, más concretamente en la falta de instalaciones para la depuración de aguas residuales, fundamentalmente en municipios de pequeño y mediano tamaño, lo que provoca que España continúe incumpliendo la directiva 271/91 sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas, lo que nos sigue costando millones en multas de la UE.
Según los resultados arrojados por el Estudio de Tarifas AEAS-AGA 2020, el precio medio del agua para uso doméstico en España se situó en 1,90 €/m3 (sin IVA), una de las más bajas de Europa. De esta cantidad, 1,06 €/m3 (el 56%) corresponden al servicio de abastecimiento y 0,83 €/m3 (el 44%) al servicio de saneamiento. Con un céntimo de euro un ciudadano dispone de 5 litros de agua (abastecimiento y saneamiento). Mas de uno pensará que no deja de resultar paradójico que nuestro país, uno de los países europeos con mayor escasez en recursos hídricos, tenga una de las tarifas de agua urbana más bajas de Europa. Concretamente, un 45% por debajo de la media europea, la mitad de Alemania o un tercio de Dinamarca y similar a otros países como Finlandia, Portugal o Polonia. En este sentido, la incidencia de la factura del agua en el presupuesto de una familia española es, de media, menos del 0,7%, muy por debajo del 5% marcado por la ONU como cifra límite para poder considerar asequible el Derecho Humano al Agua, considerando el abastecimiento y el saneamiento.
En cuanto al esfuerzo en pagar la tarifa del agua respecto a los ingresos familiares, éste se sitúa un -29% por debajo de la media europea, frente a un +23% o un +25% por encima de la media en electricidad y telefonía, tal y como se desprende del último informe de AEAS. Cierto es que nadie se escandaliza cuando sube la tarifa telefónica o la de la electricidad, pero ay cuando hablamos del agua, la ideología no tiene en cuenta que las tarifas son insuficientes para garantizar la sostenibilidad de los servicios y que debe producirse un avance en la recuperación de costes y que quien contamina paga (saneamiento), tal y como marca la directiva europea. No podemos pretender que sea el Estado quien resuelva este asunto excepto para los colectivos vulnerables económicamente.
Otro asunto que llama la atención es la dificultad de entender la factura de agua, en la misma, no solo hay múltiples conceptos, sino que se aplica de una manera muy heterogénea que va en función en función de la ciudad donde se viva. En este sentido, al no existir una armonización tarifaria ni un marco genérico nacional, en algunas ocasiones se puede llegar a pagar el triple por el mismo consumo sin tener en cuenta el estrés hídrico del territorio o sus características orográficas o de dispersión de la población, como por ejemplo en Murcia, probablemente el lugar de abastecimiento más complejo de la península, y que sufre injustificadamente el sambenito de agua cara, tanto en la capital como en el resto de la región, y en realidad es un ejemplo de sostenibilidad técnica y económica en el contexto, probablemente, más difícil de la España peninsular.
Así, Castilla y León es la CCAA con la tarifa más barata, 1,16 euros metro cúbico, mientras que el arco mediterráneo, por razones obvias de escasez y de peor calidad del recurso natural, el precio asciende por encima de los dos euros. Tanto en Cataluña como en Murcia, nos encontramos con algunas de las tarifas más caras, que en realidad responden, como hemos dicho, a condiciones de partida mucho más difíciles.
Las tarifas las marcan los ayuntamientos, sin embargo, no existe ningún marco legal que establezca directrices sobre la determinación de las mismas. Tal y como señala Marta Suarez Varela en su estudio para FEDEA: “Las políticas de tarifas urbanas de Agua en España”, la combinación de un sistema altamente descentralizado, con la existencia de varios modelos de gestión y la intervención de distintos niveles de la administración, genera una extraordinaria variedad de niveles de precios y sistemas tarifarios, que muchas veces ni son objetivos ni responden a los costes reales. Con el fin de evitar toda esta disparidad de criterios, el sector del agua desde hace años reclama un regulador con competencias a nivel nacional que establezca, entre otros aspectos, los procesos de fijación de las tarifas del agua, y permita reducir la elevada descentralización y arbitrariedad de las políticas tarifarias y sociales en España.
Por todo esto, el sector del agua reclama como perentoria una subida tarifaria, escalonada, controlada y progresiva en los próximos 10 años, que llevaría a España a niveles similares a la media europea. Sin olvidar que para asegurar que todos los usuarios puedan acceder al derecho al agua a un precio razonable, existen tarifas sociales para el agua.
En definitiva, urge una estructura de costes y tarifas clara y transparente que refleje el valor real del precio del agua y que asegure su gestión sostenible a largo plazo, garantizando a la vez el acceso a la población económicamente vulnerable. Es de extrema necesidad actualizar e invertir en el complejo patrimonio hídrico que tenemos, es la mejor manera de garantizar el derecho real y material al agua y el saneamiento a las próximas generaciones.
Almudena Semur, Secretaria General de OSUR